¿Qué factores económicos y sociales explican el nuevo giro a la izquierda de América latina?
- Latam Sin Filtro
- 11 nov 2024
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Actualizado: 10 jun
JUAN BARRETO/AFP
Cuando se habla de giro a la izquierda en América latina, se trata de un fenómeno que ya había empezado a finales de los años 1990 con Hugo Chávez en Venezuela y que conoció su punto culminante en los años 2000 con los triunfos sucesivos de la izquierda en otros países de América latina. 13 países sobre los 20 países de la región giraron a la izquierda. Se habla muchas veces de “marea rosa”. Los gobiernos elegidos eran progresistas y orientados a los avances sociales favorecidos por un crecimiento económico y un superciclo de materias primas, que había permitido políticas de redistribución. Tras el fin del ciclo, en el año 2009, la derecha volvió al poder y en 2016, tenemos una mayoría de gobiernos de derecha en América latina.
Sin embargo, estos últimos años, pudimos ver lo que parece ser un nuevo giro a la izquierda con por ejemplo la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018. En Colombia, Gustavo Petro se convirtió en presidente en agosto de 2022. En México, es la primera vez que tenemos un gobierno de izquierda desde más de 40 años de gobiernos de derecha en el poder. Para Colombia, es la primera vez en más de 200 años. En este contexto, ¿en qué medida los fracasos acumulados de los gobiernos de derecha desde los años 2010 provocaron el regreso de la izquierda al poder?
Después del 2009, el fin del superciclo de las materias primas vio un regreso a gobiernos de derecha y se puso de relieve los fallos de los modelos económicos y políticos de los países latinoamericanos. La caída del precio de las materias primas que vino acompañada de la disminución de la velocidad del crecimiento chino provocaron la amplificación del déficit de los países latinoamericanos y la limitación de las políticas distributivas que fueron mayoritariamente financiadas por los ingresos derivados de las exportaciones de materias primas. Venezuela y Brasil son dos países que han sufrido enormemente la caída de los ingresos financieros.
Por un lado, la reacción de los gobiernos latinoamericanos no fueron necesariamente adaptadas y algunas veces empeoraron la situación económica del país. En el caso de Argentina, el presidente Mauricio Macri llegó al poder después de este periodo de bonanza[1] y dejó en mala posición la economía del país. La deuda externa en dólares de Argentina representaba hasta el 43.2% del PIB del país en 2018 y hasta el 58% en junio de 2019. Macri y su desastroso balance económico llevaron a una crisis económica en el país. El país se encontraba en una situación de deuda a inversores extranjeros de 100 mil millones de dólares, de devaluación del peso, de fuga de inversores y de alza de los precios. El Fondo Monetario Internacional (FMI), prestó 57 mil millones de dólares a Argentina para evitar la falta de pago y asegurar el mercado, pero no bastó.
De manera general, los sistemas económicos latinoamericanos se caracterizan por una fuerte especulación financiera y precarios sistemas de comercio intrarregional. Según las cifras de la CEPAL, solo el 25% del comercio de América latina tiene lugar dentro de la región, lo que refleja un problema de dependencia frente a los países del Norte.
Por otro lado, el bienestar de los países de la región depende mucho de la coyuntura económica lo que además muestra los fallos del sistema adoptado por los países. Se alternaron años de bajo crecimiento, debajo del 3% a partir de 2014 hasta 2019, con otros años de crisis de 2017 a 2020. En 2019, llegó la pandemia y los indicadores socioeconómicos de América latina se desplomaron. La situación era tan mala que las perspectivas de la Comisión económica para América latina y el Caraibe (CEPAL) eran muy preocupantes para la región. Se esperaba que el PIB cayera de un 9,1% en 2020 y que el aumento de la pobreza rondara el 7%.
Por lo tanto, es en una inestabilidad económica que la derecha llegó al poder en América latina. La derecha recuperó las primeras dificultades financieras que comenzaron con la caída de los precios de las materias primas. Además, las políticas económicas de América latina no son bastante sólidas y dependen mucho de la coyuntura económica mundial.
A los fallos económicos se suman los de la política. Los gobiernos latinoamericanos se caracterizan por una fuerte corrupción y por la incapacidad de limitar la violencia y el narcotráfico de la región.
En 2018, estudios revelaron que la corrupción en la región latinoamericana era de 32 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (IPC). El problema de esta corrupción es que empeora la pobreza, impide el desarrollo y afecta la gobernabilidad. Cabe destacar un caso muy importante que no solo erosionó la democracia, sino la economía de la región: el caso Odebrecht.
Este caso tuvo consecuencias devastadoras para 12 países latinoamericanos. El caso Odebrecht se destapó tras una investigación de corrupción de Petrobras en Brasil, llamada Operación Lava Jato, que desembocó en la detención de Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa. La investigación reveló que había un “departamento de sobornos” desde donde se dieron recursos a funcionarios en varios países a cambio de contratos para obras públicas. Durante la investigación en 2017, un funcionario señaló que Odebrecht financió elecciones en El Salvador, Venezuela, Brasil, República Dominicana y Panamá. Ahora bien, no solo políticos de derecha fueron involucrados en este caso. En Brasil, el escándalo afectaba a los expresidentes de izquierda Lula da Silva que fue encarcelado.
Además, en 2020, Perú experimentó una conmoción total que llevó al país a casi 3 presidentes en menos de una semana lo que atizó la rabia de los peruanos y dio lugar a manifestaciones en el país.
Asimismo, la regulación sobre la financiación política es insuficiente en América latina porque no se dimensionan los riesgos de corrupción y porque facilita el ingreso de dineros indebidos en la política. Solo 17 de los 33 países de la región obligan a sus partidos a reportar sus contribuciones de manera regular y obligan a sus candidatos a declarar las contribuciones recibidas durante campañas (IDEA Internacional, 2014).
A esto se suma la violencia de las sociedades latinoamericanas. El 76% de los mexicanos de más de 18 años pensaban que la ciudad en la que vivían en 2018 estaba peligrosa[2]. La debilidad de los Estados de derecho y sus instituciones, sobre todo de justicia, se traduce en impunidad y en la percepción de que los delitos no serán castigados. En Brasil, Colombia, Venezuela y México, el nivel de impunidad en materia de homicidios supera el 90% (Garzón, 2016).
En Colombia, ciertos acuerdos de paz firmados entre el gobierno colombiano y las FARC no fueron respetados por el gobierno de Iván Duque, el presidente que sucedió a Juan Manuel Santos, autor y firmante de los acuerdos. Muchos exguerrilleros volvieron a tomar las armas. La violencia y el narcotráfico incluyen muchas veces una complicidad del estado. En México, los dos gobiernos precedentes al de López Obrador hicieron 234.000 muertos según el periódico Cronista.
En cuanto a la droga, a medida que se aleja de su punto de origen va sumando dólares. Según Naciones Unidas, un kilo de cocaína producido en Bolivia cuesta 1.600 dólares allí, 26.000 en Estados Unidos, casi 46.000 en España. Las cantidades de dinero que genera su venta aumentan el riesgo de que el narco infiltre el Estado y corrompa sus instituciones. En países como Colombia o México, los carteles buscan crear vínculos directos con autoridades de gobierno para lograr ciertas concesiones como el relajamiento del control.
Para concluir, los estados de derecha fueron incapaces de enfrentarse a la situación económica en la que se encontraron tras el periodo de bonanza y como en el caso de Argentina agravaron la situación y alimentaron el sentimiento de cansancio de los ciudadanos. Asimismo, los gobiernos no lograron responder a problemas estructurales como la impunidad o la corrupción que están implantados de manera profunda en los sistemas latinoamericanos.
Estos fallos profundos generaron desigualdades importantes entre los ciudadanos estos últimos diez años y el agotamiento de las sociedades latinoamericanas. En primer lugar, la estructura social de América latina sigue siendo piramidal y sexista.
Por un lado, vemos en este documento[3] que las clases media y alta crecieron. El crecimiento de la capa media fue más significativo en particular entre 2002 y 2008, lo que coincide con el superciclo de las materias primas y el auge de los programas sociales. Este aumento se puede explicar por la mejora del poder adquisitivo lo que a su vez se asocia al aumento de la bancarización y de los créditos. Empero, según indicó la Confederación de Comercio de Río de Janeiro, una parte de la clase media está teniendo grandes dificultades para pagar las deudas creadas por los créditos.
Por otro lado, entre 2008 y 2017, tenemos un incremento de los extremadamente pobres (+14 millones de personas). La estructura social de América latina sigue siendo piramidal. Las cifras de la Cepal en 2017 muestran que el 76,8% de la población de América latina está compuesto de personas pertenecientes a estratos bajos o medios bajos.
La pobreza impacta aún más a los indígenas. En México cerca del 50% de los indígenas de entre 25 y 64 años trabajan en ocupaciones de baja calificación, como agricultura, artesanías.
Igualmente, en América latina existe un sector informal muy importante que está constituido en mayor parte de personas pertenecientes a los estratos bajos y medios bajos. En 2021, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que un 70% de los trabajadores de América latina ocupan un puesto informal[4]. En 2020, con la pandemia de Covid-19, había una desigualdad muy fuerte entre los que pudieron trabajar porque tienen un trabajo formal y otros que estuvieron en una situación muy difícil porque trabajan en el sector informal.
La falta de intervención del estado hace que los estratos de ingresos medios se enfrenten a distintas vulnerabilidades como baja cobertura social. Según el Banco de Desarrollo de América Latina, en 2021, más de un tercio de los latinoamericanos (o sea 240 millones de personas) no tiene ningún vínculo con los servicios de protección social.[5] A diferencia de las personas más pobres, que están generalmente cubiertas por programas, la clase media informal no suele recibir protección social básica. Según las cifras de la OECD, el 95% de los bolivianos se encuentran en los estratos medios pero no contribuyen al sistema de pensiones.
La situación es aún más grave para los indígenas. En México, el 78% de las personas indígenas no pueden acceder a la seguridad social.[6] El acceso a servicios por las personas LGBTIQ+ es limitado. Entre un 44% y un 70% de las mujeres transgénero se han visto obligadas a abandonar sus hogares.
En cuanto a la educación, aunque la tasa bruta de matriculación en la educación superior aumentó del 23% al 52% en América latina y en el Caraibe[7], seguimos teniendo un 17% de no matriculación[8]. Esto impide el proceso de movilidad social. En Paraguay y Honduras, el 32% de los indígenas son analfabetos.
La violencia basada en género está aumentando en América latina. En 2021, al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en la región según los últimos datos del Observatorio de Igualdad de Género de América latina y el Caribe. Esto representa al menos 12 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día. Las niñas y adolescentes mujeres están más expuestas que cualquier otro grupo a formas específicas de violencia, como la violencia sexual y los matrimonios forzados (UNICEF, 2021). Más de un 4% del total de estos delitos corresponden a niñas menores de 14 años.[9]
Aunque la situación parecía mejorar, el fin del superciclo de la materias, el fin de las políticas redistributivas y de la intervención del estado hicieron que los indicadores socioeconómicos se desplomen. La clase media, aunque está aumentando, es la capa que sufre más los recortes presupuestarios. Cabe destacar también la discriminación ante los indígenas y las mujeres o personas LGBTIQ+ que provocaron un hartazgo general de la poblacion a partir de 2018.
Entre 2018 y 2022, la mayoría de los países de América latina experimentaron fuertes crisis sociales ("estallidos sociales") que fueron reprimidas de manera violenta por los gobiernos de derecha. Los diferentes puntos evocados anteriormente condujeron a lo que se vino a conocer como el estallido social en varios países de América latina. Este término hace referencia a un hartazgo general que se tradujo por protestas sociales en la calle. Cabe mencionar que todas estas protestas no tenían forzosamente los mismos orígenes, reivindicaciones.
Entre los países donde se produjo el estallido social, cabe destacar los casos de protestas importantes que hubo en Ecuador y Chile en 2019. En 2020, empezaron las protestas en Perú. En marzo de 2021, hubo protestas en Paraguay seguidas por Colombia en mayo del mismo año.
Las protestas, mayoritariamente lideradas por jóvenes, fueron particularmente violentas, principalmente pese a la represión policial de los gobiernos de derecha. Numerosas organizaciones de defensa a los derechos humanos declararon que, durante las protestas, en especial en Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia, el uso de la fuerza y de las armas no había sido justificado, ya que muchas de las protestas que hubo fueron pacíficas.
Vamos a tomar el ejemplo que ilustra mejor esta represión, es decir Chile. El estallido social, empezó cuando el gobierno de Sebastián Piñera decidió aumentar el precio del boleto de metro en la capital en octubre de 2019. Para protestar, estudiantes de secundaria saltaron por encima de las barreras que sirven para validar el boleto de metro. Poco a poco las protestas se orientaron hacia otras reivindicaciones como reformas de pensiones, de salud o de educación por su mala calidad o su desigualdad. Frente a la intensificación de las protestas, Piñera empezó un proceso de represión generalizada que será la característica del estallido social (aumentación de policías, detenciones de menores, estado de excepción, toque de queda), así que reaccionó pero declarando que los protestantes eran delincuentes. Hubo 4.271 personas detenidas, 1.305 heridas y 120 denuncias de tortura y 34 fallecidos en las manifestaciones de octubre de 2019 según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la República de Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos así condenó el “uso excesivo de la fuerza”.
La mayoría de las protestas y la represión por parte de los gobiernos de derecha principalmente desembocaron en el abandono de reformas o/y en un cambio en las urnas porque hubo elecciones poco tiempo después en algunos países. Se habla de un nuevo giro a la izquierda porque, en muchos países, el estallido social condujo a que la izquierda fuera elegida.
Hablamos de una nueva izquierda en el poder. Son mayoritariamente gobiernos calificados de progresistas por sus promesas de campañas orientadas a las mejoras sociales, como era el caso de la izquierda de los años 2000. Pero, también se hablaba de una agenda a favor de la democracia, del feminismo y del medio ambiente en Argentina, Chile y Colombia, es decir que respondía a las nuevas reivindicaciones de la población. Entonces, son gobiernos menos polarizados en cuanto a la primera ola. Hubo la aparición de nuevos líderes con personas como Fernández en Argentina, Petro en Colombia o Boric en Chile, que viene a ser el presidente chileno más joven. Por eso se habla de un nuevo ciclo político.
Así que, la degradación de los factores socioeconómicos y los problemas profundos y sistémicos de los gobiernos de América latina pusieron a la gente a salir a la calle para reivindicar sus derechos y demostrar la rabia general de los ciudadanos. Otra vez, los gobiernos de derecha no fueron capaces de enfrentarse a la situación y muchas veces prefirieron responder con aún más violencia a través de una represión.
A modo de balance, los fallos de los Estados de derecha a responder a los problemas estructurales de su país y la degradación de los indicadores socioeconómicos alimentada por la pandemia condujeron a un hartazgo general y a un cambio político a la izquierda en muchos países como podemos ver en el mapa a continuación:
No obstante, son izquierdas que no tienen necesariamente las mismas orientaciones. En Perú, la izquierda de Pedro Castillo es anti-cuestiones de género (a diferencia de Argentina por ejemplo) mientras que, en Colombia, Gustavo Petro mencionó en su discurso inaugural una Colombia de la paz, del amor y se muestra más inclusivo ya que eligió a una vicepresidenta afroamericana, algo inédito en el país.
“Cumpliremos el Acuerdo de Paz, seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y trabajaremos de manera incansable para llevar paz y tranquilidad a cada rincón de Colombia. Este es el Gobierno de la vida, de la Paz, y así será recordado.” –Gustavo Petro, discurso inaugural, agosto de 2022.
Además, los gobiernos de izquierda actuales tienen un margen de maniobra más reducido que en los años 2000 ya que no hay un ciclo de prosperidad y de extensión del comercio internacional.
Algunos gobiernos de izquierda ya parecen tener fallo. Por ejemplo, en Chile, tras las manifestaciones, hubo un referéndum en el que el pueblo votó a favor de la redacción de una nueva Constitución. Sin embargo, el 4 de septiembre pasado, la nueva Constitución que preveía la instauración de nuevos derechos sociales fue masivamente rechazada por la población (por el 62%) por su carácter plurinacional. Asimismo, Pedro Castillo presidente de Perú hasta el 7 de diciembre de 2022, intentó impedir su destitución al disolver al Congreso. Su decisión ha sumido al país en una profunda crisis política y el Parlamento peruano aprobó una moción de censura para expulsarle del cargo con acusaciones de “golpe de Estado”. La vicepresidente Dina Boluarte, tomó el poder tras la expulsión de Castillo y se convirtió en la primera mujer presidente de Perú.
Finalmente, estos cambios no se produjeron forzosamente a favor de estos gobiernos, pero sobre todo en contra del gobierno que había y que era incapaz de proveer los cambios exigidos. ¿Se puede realmente hablar de un giro a la izquierda cuando en algunos países como Brasil o Colombia, la izquierda ganó por poco las elecciones? Pues, algunos gobiernos están conscientes de los retos de la polarización que existe dentro de su país. Gustavo Petro se da el objetivo de reunir los ciudadanos bajo una única y misma Colombia.
“Uniremos, entre todos y todas, a nuestra querida Colombia. Tenemos que decirle basta a la división que nos enfrenta como pueblo. Yo no quiero dos países, como no quiero dos sociedades. Quiero una Colombia fuerte, justa y unida.”
Gustavo Petro, discurso inaugural, agosto de 2022.
[1] La bonanza económica hace referencia a un “periodo de tiempo en el que un país cualquiera presenta signos de prosperidad y estabilidad financiera.” Guillermo Westreicher, «Bonanza económica», Economipedia, accedido 7 de diciembre de 2022, https://economipedia.com/definiciones/bonanza-economica.html.
[2] «¿Por qué ganó López Obrador en México? - El Cronista», accedido 11 de noviembre de 2022, https://www.cronista.com/ripe/Por-que-gano-Lopez-Obrador-en-Mexico-20180703-0022.html.
[3] «Creció la clase media en América Latina, pero hay riesgos a la vista • Semanario Universidad», 11 de diciembre de 2019, https://semanariouniversidad.com/internacionales/crecio-la-clase-media-en-america-latina-pero-hay-riesgos-a-la-vista/.
[4] Roxana Maurizio, «Empleo e informalidad en América Latina y el Caribe: una recuperación insuficiente y desigual», s. f., 54.
[5] «La nueva (y dura) realidad de las clases medias latinoamericanas», accedido 24 de noviembre de 2022, https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2021/06/la-nueva-y-dura-realidad-de-las-clases-medias-latinoamericanas/.
[6] «Desigualdad de oportunidades para los pueblos indígenas y afrodescendientes | Publications», accedido 29 de noviembre de 2022, https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Desigualdad-de-oportunidades-para-los-pueblos-indigenas-y-afrodescendientes.pdf.
[7] «El acceso de los más desfavorecidos a la educación superior es un desafío a enfrentar en América Latina y el Caribe – UNESCO-IESALC», accedido 11 de noviembre de 2022
[8] «Hacia el acceso universal a la educación superior: tendencias internacionales – UNESCO-IESALC», 2020, accedido 11 de noviembre de 2022
[9] «Poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas y al femicidio o feminicidio: reto clave para la construcción de una sociedad del cuidado».
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