La Paz Total en Colombia

El conflicto armado colombiano es el reflejo de varios problemas de la sociedad. La repartición desigualitaria de la tierra y la falta de espacios para la participación política de los ciudadanos constituyen los dos elementos claves que pueden explicar el conflicto que va experimentando el país desde hace más de 60 años. Colombia se caracteriza por una brecha social muy importante. Por una parte, tenemos a la élite política latifundista[1] monopolizadora con fuerte presencia regional. Por otra parte, tenemos a los grupos minoritarios (los indígenas, los afrodescendientes, los campesinos) que no tienen el mismo acceso a los servicios del Estado, a los derechos de propiedad y que no se benefician de representación política. Esta falta de representación política se ilustra por la existencia durante mucho tiempo, de solo dos partidos, el partido liberal y conservador. En 1956, se firmó el Pacto de Benidorm entre los dos partidos para establecer un sistema de alternancia política entre los liberales y los conservadores. Esta falta de representación política sumada a la exclusión socioeconómica de los grupos minoritarios tuvo por consecuencia el surgimiento de movimientos revolucionarios y grupos guerrilleros por parte de la izquierda y de grupos paramilitares representando la extrema derecha. Cada grupo guerrillero tiene su ideología reflejando todas las ideas y facetas de la izquierda colombiana.

A lo largo del tiempo, otros factores vinieron a cambiar e intensificar el conflicto. Pensamos todos en el narcotráfico, pero existen también otros factores. Entre ellos, podemos citar momentos de la historia internacional que influenciaron el conflicto y lo transformaron como la Segunda Guerra mundial, la Guerra Fría o la guerra contra el terrorismo. Estos factores externos a Colombia han transformado la forma del conflicto.

El conflicto armado ha sido muy violento y extremadamente sangriento. Según la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2019, 450.664 personas perdieron la vida a causa del conflicto. Los grupos paramilitares son responsables del 45% de las muertes y los grupos guerrilleros responsables del 27% de los homicidios realizados.[2] 

Desde que llegó al poder, el 7 de agosto de 2022, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha mostrado su voluntad de alcanzar lo que denomina “la paz total”. El día de su victoria, anunció que pondría en marcha un esfuerzo para poner fin a la violencia en Colombia a través de un proyecto de negociación con los diferentes grupos armados que existen en el país. Hablamos de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entre otros. “La paz total” incluye también el sometimiento a la justicia de grupos paramilitares y bandas criminales que operan en la nación.

Tras unos meses de presidencia, el 26 de octubre de 2022, el Congreso aprobó la ley de Petro, autorizando al presidente a entablar negociaciones con estos grupos y narcotraficantes que tienen vínculo con el conflicto. El 4 de noviembre de 2022, se convirtió en la Ley 2272 de 2022. En este contexto, ¿en qué medida la ley de Paz Total enfocada en el diálogo provoca más tensión y violencia en Colombia?

La Paz Total, heredera del Acuerdo del Teatro Colón

Acuerdo de la Habana: establecimiento de una base sólida para alcanzar la paz

El Estado colombiano había intentado negociaciones para la paz con las Fuerzas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 1984 y 1998 pero sin resultados concretos. Desde el 2012, los gobiernos de Colombia vienen adelantando los diálogos de paz con las FARC-EP, con el fin de construir acuerdos que permitan poner fin al conflicto armado e implementar una paz duradera en el país. En 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos obtuvo un acuerdo que se convirtió en el paso más importante que ha dado el país hacia la reconciliación nacional con el Acuerdo del Teatro Colón (oficialmente Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera) firmado en La Habana, Cuba. Las negociaciones se hicieron con garantes[3] internacionales como Cuba, Noruega y Venezuela. Los primeros en firmar el acuerdo fueron el principal negociador de Colombia, Humberto de la Calle y el negociador de las FARC, Iván Márquez. Este acuerdo está inscrito en la Constitución colombiana, entonces su implementación es obligatoria e inevitable.

Este acuerdo significó la desmovilización con la posible participación en la vida política, la entrega de armas a la ONU y la reincorporación a la vida civil de la hasta entonces guerrilla más antigua del continente: las FARC, hoy convertida en el partido político Comunes gracias a este acuerdo.[4] La antigua guerrilla comenzó su vida política con diez escaños en Senado y Cámara de Representantes durante dos períodos legislativos, su representación terminará en el 2026. Las regiones más afectadas por el conflicto armado también obtuvieron representación y participación políticas. Se crearon 16 escaños en la Cámara de Representantes para quienes representen a las víctimas que viven en territorios impactados por esa situación. Asimismo, el Acuerdo del Teatro Colón permitió la desmovilización de más de 13 mil excombatientes que han recibido por un tiempo limitado ayuda económica y psicosocial, según la información del gobierno colombiano.[5] 

Finalmente, el acuerdo implica una sustitución de los cultivos utilizados para el narcotráfico, una reforma rural para una mejor repartición de las tierras y la implementación de un sistema de justicia especial. Dio lugar a la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Este sistema representa el conjunto de mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. El sistema contribuye a la no repetición del conflicto. Fue incorporado en la Constitución Política de Colombia en 2017. Prevé la creación de diferentes órganos claves.

Primero, la Jurisdicción Especial para Paz (JEP), un órgano creado para administrar justicia o sea juzgar delitos cometidos durante el conflicto armado y satisfacer los derechos de las víctimas ofreciéndoles verdad y reparación. Luego, la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) una entidad que busca el “esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad”[6] y contribuye a sentar las bases para la no repetición de este tipo de conflicto. Finalmente, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) es una entidad humanitaria y extrajudicial que se focaliza en la búsqueda de personas desaparecidas a raíz del conflicto armado.

Es importante notar que se pudo alcanzar este acuerdo sobre todo porque en ese momento, las FARC-EP estaban sufriendo golpes políticos y militares y por eso estaban muy debilitados y más propicios para negociar con el Estado colombiano.

A modo de balance, el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera establece el cese al fuego bilateral y definitivo, la dejación de las armas, la creación de campamentos temporales para los miembros de las FARC, la entrega de armas a la ONU y la creación de un grupo de monitoreo y supervisión del cumplimiento del pacto. Su implementación es obligatoria por estar inscrita en la constitución colombiana. Empero, durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), el acuerdo de la Habana fue dejado de lado por el mandatario a pesar de la obligatoriedad constitucional. El incumplimiento del acuerdo provocó una gira por parte de algunos altos mandos de las FARC-EP que decidieron crear nuevas estructuras insurgentes en reacción a la situación. Estas estructuras insurgentes son hoy conocidas bajo el nombre de “disidencias de las FARC”.

La Paz Total: reflejo de la “política del amor” del gobierno Petro

A diferencia de su predecesor, Gustavo Petro, desde su llegada al poder, tenía por objetivo alcanzar la paz a través del diálogo. Es cierto que, en su discurso de triunfo, Petro habló de una “política del amor”. La política del amor es una política del entendimiento, del diálogo que viene a representar el gobierno de la esperanza y sus votantes, “la fuerza del cambio, la fuerza del amor”.

El objetivo del mandatario colombiano es restablecer la paz en el país, a través de la negociación con todos los grupos armados que han estado involucrados en un conflicto que ha empezado hace décadas y que ha dejado miles de víctimas. Además, el objetivo es condenar a las bandas criminales, como los narcotraficantes, por sus actos ilegales y sus ataques a los derechos humanos. Las guerrillas que tienen carácter político y otros grupos que no tienen reivindicaciones políticas son los grupos apuntados por la ley de Petro. La ley incluye la participación en las negociaciones de las comunidades afectadas por el conflicto y promueve un modelo de convivencia pacífica para garantizar la protección de los civiles.

Concretamente, la ley permite a representantes del gobierno Petro llevar a cabo negociaciones y diálogos con grupos armados ilegales. Los líderes y miembros de bandas pueden obtener beneficios como rebajas de penas, garantía de no extradición a los Estados Unidos si entregan información relevante al gobierno como las rutas del narcotráfico, productos ilegales que se venden o si reparan a sus víctimas, por ejemplo. Estos beneficios permitirán, en teoría, establecer los términos de negociación con miembros de grupos criminales. A través de estas conversaciones se debe alcanzar una solución al conflicto armado y permitir respetar los derechos humanos y reincorporar a la sociedad los miembros de dichas organizaciones. Cuando los miembros de grupos acepten, se suspende las órdenes de capturas que se hayan dictado en contra de ellos. En septiembre de 2022, la comisión de la Paz de Colombia anunció que 10 grupos criminales aceptaron el cese de fuego previsto por la ley.[7] Entre ellos, cabe destacar el Estado Mayor Central (EMC), la Segunda Marquetalia (disidentes de las FARC), el Clan del Golfo (Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia), las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En realidad, la ley de “Paz total” incluye muchas medidas que tienen diferentes objetivos: someter a la justicia a los criminales, asegurar la protección de los civiles y promover la igualdad social en Colombia. Para alcanzar estos objetivos, la ley promueve la alfabetización, el trabajo en la reforma rural integral, la protección del medio ambiente, el cuidado de personas vulnerables, la promoción de la cultura, entre otras cosas. La ley prevé también el reemplazamiento del servicio militar obligatorio por un “servicio social para la paz” en el que los jóvenes deben promover la alfabetización digital en diferentes zonas del país, apoyar a víctimas del conflicto armado y trabajar para la protección de la biodiversidad, por ejemplo.

Para implementar este proyecto, la administración Petro ha dedicado una parte del presupuesto nacional a la realización de la paz total, integrando también a los gobiernos regionales y locales. Se trata de una importante inversión social en regiones y zonas que han sido impactadas por la violencia y las actividades criminales y en las que las personas suelen no tener el mismo acceso a servicios básicos. Son en general regiones marginadas. Finalmente, la ley prevé establecer “regiones de paz” a fin de adelantar diálogos con actores de los grupos ilegales que quieren cooperar.

Para resumir, la iniciativa de Petro consiste en, por una parte, respetar la obligación constitucional de implementar los compromisos adquiridos con el Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC. Por otra parte, se trata de dialogar con el ELN y someter a la justicia otros grupos armados. La paz total se basa en el concepto de que la seguridad de la población colombiana pasa por la protección del derecho a la vida, el bienestar socioeconómico y por la protección del medioambiente. La política de paz total constituye una política de Estado, siendo la prioridad en los asuntos del gobierno colombiano, lo que la diferencia de las políticas precedentes.

"Es un concepto que no solo implica dialogar simultáneamente con grupos armados ilegales, sino también, de alguna manera, romper con la lógica de lo que han sido los procesos de paz hasta ahora en Colombia ... que se entiende como el diálogo entre un gobierno y un grupo armado en una mesa de conversaciones"

-El senador colombiano Iván Cepeda, el fundador de la Paz Total

Los primeros acercamientos con grupos insurgentes ocurrieron en los años 1980 sin éxito real. Hubo 4 intentos de negociaciones formales con las FARC antes del acuerdo del Teatro Colón y cada presidente ha lidiado el conflicto armado de diversas maneras. El predecesor de Gustavo Petro, Iván Duque alentó a las FARC a atacar a los jefes de las bandas criminales y pandillas. Juan Manuel Santos, pasó su mandato negociando un acuerdo de paz con las FARC. En 2016, un cese de fuego fue acordado a cambio de sentencias reducidas para los miembros, escaños en el Congreso y otras garantías sociales.

La política de Petro es una política inédita en su metodología y en su concepto. Primero, la política de Petro reconoce la multiplicidad de actores del conflicto armado. La ley de Paz Total identifica dos tipos de grupos ilegales: los grupos armados organizados al margen de la ley con carácter político y las estructuras armadas organizadas de crimen (narcotraficantes). Los primeros pueden gozar de una otorgación de reconocimiento político. En la práctica, resulta difícil determinar si un grupo tiene carácter político, criminal, ambos caracteres o ninguno. A menudo, las estructuras armadas políticas están envueltas en las actividades criminales y ciertas organizaciones criminales afirman tener un carácter político. La barrera que separa lo criminal de lo político es muy delgada. Además, al no reconocer el carácter político de un grupo que se autodefine como tal, dicho grupo podría recurrir a la violencia en contra del gobierno o en contra de la población como modo de represalias.

Sin embargo, Petro ha innovado al transformar la política de paz en una real política de Estado, o sea que la totalidad de las instituciones del Estado están involucradas en la Paz Total. Cada ministerio debe tener objetivos y programas concretos en materia de paz. Por ello, la Paz Total incluye reformas sociales, medioambientales y económicas. Podemos citar la reforma rural que trata de redistribuir las tierras entre poblaciones vulnerables y legalizar la propiedad de otras ya que según el Ministerio de Agricultura colombiano, en 2022, más del 65% de las tierras del país no cuenta con título de propiedad.[8] El 8 de octubre de 2022, el gobierno colombiano firmó un acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) que debe permitir la compraventa de 3 millones de hectáreas de tierras fértiles para entregarlas a campesinos, sobre todo mujeres campesinas, indígenas y de negritudes. [9]

Además, la Paz Total del presidente colombiano tiene un enfoque especial en la población colombiana. La política se centra en la seguridad humana, el bienestar y la prosperidad de la población. La participación de los ciudadanos es importante. Por ejemplo, la ley establece “regiones de paz” que son los territorios más golpeados por la violencia para que actores locales dialoguen y busquen soluciones a los problemas humanitarios a nivel local. Establece también “zonas de ubicación temporal” para el desarme de grupos en un estado avanzado de negociaciones donde las órdenes de captura contra los miembros pueden ser suspendidas.

Petro ha adoptado un enfoque diferente a sus predecesores para combatir la violencia. Afirma que para combatir la violencia en Colombia hay que cambiar justamente el enfoque donde se ataca el narcotráfico. Considera que el narcotráfico no empieza en los campos donde los peones[10] cultivan las hojas de coca, sino en lugares donde se convierten en enormes sumas de dinero.

La puesta en práctica de la Paz Total, una política ambiciosa pero irreal

Cuando el amor excede la razón: ¿entrega prematura de beneficios para los responsables?

La ley de Petro fue criticada por diferentes razones y por todas partes, no solamente la oposición criticó su proyecto sino también sus propios colaboradores. Primero, la ley ha sido criticada varias veces por no ser suficientemente clara sobre todo en cuanto a sus objetivos y estrategias concretas, lo que dificulta mucho su implementación. No existe una hoja de ruta clara para la implementación de la política. Muchos critican y lamentan la falta de objetivos claros con acciones concretas para alcanzarlos. La Paz Total prevé acuerdos con todos los grupos criminales que existen, pero no prevé una hoja de ruta que determine pasos, que da prioridad a algunos grupos más violentos, por ejemplo. Resulta difícil saber por dónde empezar o con quién y esto puede obstruir todo tipo de avances.

El proyecto de Paz Total de Gustavo Petro se enfrenta a otro problema bastante importantes. Recordamos que el objetivo principal de esta política es alcanzar un acuerdo con los grupos ilegales que usan la violencia de modo sistemático. La Paz Total propone entonces una estrategia que se basa en negociaciones y discusiones con las pandillas y narcotraficantes. Ofrece grandes beneficios para los miembros de las pandillas que dan información y colaboran con el gobierno.

Por ello, la oposición política de derechas, el Centro Democrático deplora una “apología a la criminalidad y la impunidad”[11] porque la ley permite una reducción de penas y el levantamiento de órdenes de captura para cualquier criminal que provea información al gobierno. Se critica el proyecto por dar una “segunda oportunidad” a una parte de las FARC que volvieron a armarse bajo las disidencias de las FARC después de romper los acuerdos de paz firmados durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2014-2018). Reabrir negociaciones promueve “la cultura del repechaje”[12] según las palabras del exjefe negociador del gobierno en la Habana, Humberto de la Calle, porque la política de paz total permite a personas que no cumplieron el acuerdo de paz precedente aceptar este nuevo por mejores beneficios. Incluso, el fiscalista Francisco Barbota afirma que la Paz Total es una ley que indulta a los criminales. 

La Paz Total se basa solo en negociaciones, discusiones y no en acciones militares del ejército para poner fin al conflicto armado. Es cierto que el ministerio de la Defensa no está incluido en esta política, aunque juega un papel importante aquí. Las acciones del ministerio de la Defensa no están alineadas con la Paz Total. Según un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, durante los primeros tres meses del gobierno de Petro las acciones de las fuerzas públicas contra los grupos criminales disminuyeron en un 70%.[13]

Fallos de una política del amor que deja sitio a más odio

Mientras tanto, los enfrentamientos entre los grupos ilegales aumentaron en un 79% porque tienen tiempo para continuar sus acciones de violencia social sin temer una represión del ejército nacional de Colombia. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) disfruta de la política de Paz Total para descentralizarse, ganar poder y hacer alianzas con otros grupos ilegales. La política de Petro descansa en acuerdos paulatinos, pero esto puede resultar en negociaciones interminables que pueden llevar al fortalecimiento de grupos criminales como el ELN y no al objetivo inicial, o sea, la entrega de las armas. Estos grupos sacan provecho de esta política fortaleciendo su presencia en regiones del país y aliándose con otros grupos para desarrollar su capacidad operativa (armarse, reclutar, etc). Asimismo, buscan tener más peso en las negociaciones y obtener mayores concesiones en una posible mesa con el gobierno.

Al final, la retención de los militares parece debilitar al gobierno colombiano frente a las pandillas y los grupos paramilitares. En el marco de las negociaciones, el gobierno de Colombia no está en una posición favorable porque no existe ninguna presión del Estado que simplemente ofrece a los grupos un levantamiento de órdenes de captura y una reducción de pena. Casi no tiene nada interesante que negociar con los grupos ilegales que siguen creciendo y ganando poder sobre todo en zonas rurales que experimentan grandes vacíos judiciales. Los actores armados aprovechan la posibilidad de ejercer actividades ilegales en estas zonas como el narcotráfico o minería ilegal. De hecho, la política de Paz Total ignora ciertos tipos de acciones llevadas por las estructuras guerrilleras como los procesos de reclutamiento y la propaganda, la violencia social o sexual.

Asimismo, Petro no logró integrar los grupos guerrilleros, paramilitares y las pandillas más importantes en su proyecto para la paz. Tanto el ELN como el Clan del Golfo[14] ya no forman parte del cese al fuego. El ELN afirma que nunca se inscribió mientras que Petro puso fin a la tregua con el Clan del Golfo en marzo de 2023 después de descubrir que el clan estaba involucrado en una huelga minera. Así, desde la implementación de la política de Paz Total, ni siquiera un acuerdo fue alcanzado con una de las pandillas o grupos paramilitares y guerrilleros.

Para terminar, la Paz Total parece descuidar la implementación de los acuerdos obtenidos con las FARC en 2016 en La Habana y hasta las FARC piden que se implemente y que se respete los puntos de negociaciones del acuerdo.

Conclusión

Gustavo Petro y su gobierno del cambio han propuesto una política inédita para alcanzar la paz en Colombia. La política de Paz Total enfocada en el diálogo y en el carácter humano parece ser la continuación del acuerdo negociado por Juan Manuel Santos que fue golpeado y fragilizado por Iván Duque a partir de 2018. Ahora bien, la política de Gustavo Petro cuenta con varias fallas. El enfoque demasiado importante en el diálogo da lugar a más violencia por parte de los grupos ilegales y no pone al Estado colombiano en una posición favorable en las negociaciones. ¿Es realmente posible elegir entre la fuerza y el diálogo para alcanzar la paz en Colombia?

Resulta muy difícil para un gobierno acabar con un conflicto que va atormentando el país desde hace más de 50 años e implementar verdaderos cambios en solo 4 años (duración del mandato presidencial en Colombia) sin posibilidad de reelección. No es posible asegurarse de que los sucesores seguirán la política implementada por el gobierno actual lo que debilita ampliamente la implementación eficaz de una política de paz. Además, para poner fin al conflicto colombiano, se debe aceptar primero la existencia de tal conflicto. En lo referente al conflicto armado, la memoria histórica en Colombia sigue siendo muy frágil. Durante muchos años, los funcionarios estatales en Colombia no hablaban de conflicto armado. Bajo la presidencia de Álvaro Uribe, por ejemplo, para el mandatario “no existía tal fenómeno”. Todo se trataba de una “violencia generalizada de grupos armados ilegales”. El tema de la memoria histórica es esencial para poder entender la naturaleza extremadamente compleja de este conflicto y poder avanzar en las negociaciones.

[1] “Latifundio, del latín latifundium, es una finca rústica de amplias dimensiones. Se trata de una explotación agraria de gran extensión que, por lo general, no utiliza la totalidad de sus recursos de manera eficiente. La persona que dispone de uno o más latifundios se conoce como latifundista.” El latifundio es un concepto propio de América latina. «Latifundio - Definicion.de», Definición.de, accedido 11 de julio de 2023, https://definicion.de/latifundio/.

[2]«Cifras de la Comisión de la Verdad presentadas junto con el Informe Final», accedido 17 de julio de 2023, https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final.

[3] “Los garantes de derechos son entidades o personas que tienen una obligación o la responsabilidad particular de respetar, promover y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, así como de abstenerse de vulnerarlos. Dicho término suele utilizarse para referirse a los agentes estatales, aunque los actores no estatales también pueden considerarse garantes de derechos”.«Refuerzo de las capacidades de los garantes de derechos | UNESCO», accedido 14 de junio de 2023, https://www.unesco.org/es/node/68043.

[4] «Noticias | Archivo General de la Nación», accedido 14 de junio de 2023, https://www.archivogeneral.gov.co/agn/noticia/el-acuerdo-de-paz-renace-con-el-gobierno-del-cambio.

[5] «Noticias | Archivo General de la Nación», accedido 14 de junio de 2023, https://www.archivogeneral.gov.co/agn/noticia/el-acuerdo-de-paz-renace-con-el-gobierno-del-cambio.

[6] «¿Qué es la Comisión de la Verdad?», Comisión de la Verdad Colombia, accedido 14 de junio de 2023, https://web.comisiondelaverdad.co/la-comision/que-es-la-comision-de-la-verdad.

[7] Karen Sánchez, «¿En qué consiste la política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro?», Voz de América, 8 de mayo de 2023, https://www.vozdeamerica.com/a/en-que-consiste-politica-paz-total-gustavo-petro-/7079441.html.

[8] «Más del 65% de las tierras de Colombia no se aprovecha, aseguró el Ministerio de Agricultura», infobae, accedido 5 de julio de 2023, https://www.infobae.com/america/colombia/2022/09/28/mas-del-65-de-las-tierras-de-colombia-no-se-aprovecha-aseguro-el-ministerio-de-agricultura/.

[9] «Presidencia de la República de Colombia», accedido 5 de julio de 2023, https://petro.presidencia.gov.co/.

[10] RAE- ASALE y RAE, «peón, peona | Diccionario de la lengua española», «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario, accedido 6 de junio de 2023, https://dle.rae.es/peón.

[11] Melissa Velásquez Loaiza, «¿Qué es la paz total que propone Petro y cuáles grupos se acogerían?», CNN, 27 de octubre de 2022, https://cnnespanol.cnn.com/2022/10/27/colombia-paz-total-petro-grupos-armados-ilegales-interes-orix/.

[12] “En el futbol, última oportunidad que se da a un equipo para que continúe en una competición”.RAE- ASALE y RAE, «repechaje | Diccionario de la lengua española», «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario, accedido 27 de junio de 2023, https://dle.rae.es/repechaje.

[13] Catalina Nino, «Los obstáculos para la “paz total” en Colombia | Nueva Sociedad», Nueva Sociedad | Democracia y política en América Latina, 6 de junio de 2023, https://nuso.org/articulo/305-obstaculos-paz-total-colombia/.

[14] El Clan de Golfo, antes conocido como Clan Usuga o Los Urabeños, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia es una banda criminal colombiana dedicada al narcotráfico y a la extorsión. Melissa Velásquez Loaiza, «¿Qué es el Clan del Golfo? Historia y líderes de la nueva generación de narcos de Colombia», CNN (blog), 10 de mayo de 2022, https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/10/que-es-clan-del-golfo-historia-lideres-narcos-colombia-orix/.

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